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El principal objetivo de la ley es atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.
Uno de los principales elementos recogidos por la ley es el derecho a las ayudas a la dependencia.
El principal objetivo de la ley es atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.
Uno de los principales elementos recogidos por la ley es el derecho a las ayudas a la dependencia.
Diversos estudios ponen de manifiesto la clara correlación existente entre la edad y las situaciones de discapacidad y dependencia.
Se estima que en torno al 30% de las personas mayores de 65 años presentan algún tipo de discapacidad, mientras que este porcentaje se reduce a un 5% para el resto de la población.
Del total de personas con discapacidad reconocida, un 44,6% son mayores de 65 años.
Para poder acceder a las ayudas, prestaciones y servicios recogidos en la ley de dependencia, los beneficiarios de las ayudas deberán acreditar:
La persona dependiente será declarada como tal a partir de un baremo que establecerá los criterios objetivos de valoración del grado de autonomía de la persona y su capacidad para realizar las distintas actividades de la vida diaria.
Clasificación de los diferentes grados de dependencia:
La persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de alguien que le represente deberá iniciar el procedimiento de solicitud en cada Comunidad Autónoma. El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la administración autonómica correspondiente.
Una vez reconocida la condición de dependiente, se asignará el tipo de prestación de atención a la dependencia. Esta podrá tener la naturaleza de servicios o de prestaciones económicas e irán destinadas, por una parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otra, a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
El catálogo de servicios incluidos comprende los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia:
Las prestaciones económicas o ayudas a la dependencia, que tendrán carácter periódico, se reconocerán, en los términos que se establezcan, únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario:
En España hay un total de 1.399.256 de personas dependientes a 30 de septiembre de 2021. De estas, 1.188.163 son personas beneficiarias con prestación reconocida, el 84,81% del total de personas dependientes).
De este modo, 211.093 personas forman parte de la lista de espera, ya que no reciben ninguna prestación a pesar de tener derecho a ella, puesto que han sido reconocidas como dependientes.
Haciendo referencia al perfil por edad de los beneficiarios, el 72,05% tienen 65 o más años. En concreto, un 18,43% tienen una edad comprendida entre los 65 y 79 años, mientras que un 53,61% tienen 80 o más años.
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